¿Límites a la libertad de expresión?

El tema de la libertad de expresión es urgente definirlo jurídicamente antes de las próximas campañas electorales del 2024. Dos casos específicos nos dan una llamada de alerta de la necesidad de un análisis profundo, objetivo y no subjetivo. La interpretación del delito de difamación no puede ser subjetiva, sino objetiva.

El primer caso que puede servirnos como referencia es la demanda presentada por Tatiana Clouthier en contra de Alfredo Jalife, argumentando que las declaraciones ejercidas por él en su rol de periodista en contra de ella, por su actuación como funcionaria del gobierno federal, constituyen difamación, calumnias y lo que resulte.

Las declaraciones de Jalife hacen referencia a su actuación en el ámbito de las negociaciones respecto a la explotación del litio.

Las personas que asumen responsabilidades públicas … ¿No pueden ser cuestionadas por su actuación en el cumplimiento de sus responsabilidades frente al país? … Por tanto, ¿pueden ser juzgadas las personas públicas igual que los ciudadanos? El sentido común nos guía para entender que no deben ser juzgados con la misma medida.

Por otra parte, en la “mañanera” del miércoles seis de diciembre, el presidente López Obrador destrozó la reputación y el honor de los seis estudiantes que fueron torturados y masacrados por la delincuencia organizada en el estado de Guanajuato.

El Presidente explicó a todo el país que estos jóvenes fueron secuestrados al ir a comprar droga en el lugar equivocado. Después reconoció que era una apreciación “hipotética”. Sin embargo, la etiqueta ya fue puesta, lo cual compromete la reputación de cada uno de ellos ahora que ya no viven y no pueden defenderse. Además, lastima a sus familias y amigos. ¿Y la presunción de inocencia?

Que desde la cúspide del poder político de nuestro país se señale de forma negativa —sin sustento— a un ciudadano, no debe ser considerado como ejercicio de libertad de expresión del Presidente, porque este no es un ciudadano común. Él detenta el poder de todo el gobierno federal y prácticamente su influencia es determinante en todo el Estado Mexicano.

Por tanto, poner en entredicho la reputación y buen nombre de un ciudadano o de una institución del ámbito civil desde “la mañanera”, es un acto que puede tener consecuencias en la vida cotidiana de los señalados, e incluso ponerlos en situación de riesgo, o por lo menos sujetos al linchamiento mediático y al escarnio público.

El derecho a la libertad de expresión nació como una respuesta para generar contrapeso a favor del ciudadano en contra del ejercicio del poder gubernamental y político. Por tanto, quien gobierna no necesita apelar a este derecho para ejercer la libertad de expresión, porque por sí mismo tiene la capacidad de avasallar a la ciudadanía e imponer su visión y sus intereses por encima de cualquier persona física o persona moral utilizando su autoridad.

Es fundamental revisar la legislación referente a la “libertad de expresión”, para evitar abusos como los que con toda seguridad se empezarán a ejercer con mayor frecuencia durante la campaña electoral.

Con difamaciones se puede descarrilar una campaña electoral.

La interpretación jurídica de este derecho —delimitando sus alcances— será determinante para proteger la vida democrática de nuestro país.

Tragedia en Tamaulipas

El descubrir la atrocidad sufrida en contra de un grupo de migrantes —de paso en Tamaulipas— debiese indignarnos. Los noticieros de televisión, radio y prensa han difundido el testimonio de unos niños migrantes que fueron testigos de la tortura y asesinato de uno de ellos, porque su familia no tuvo como pagar su rescate. Fue torturado cortándole los miembros en pedacitos, hasta causarle la muerte.

Esto que debiese constituir un gran escándalo, sólo ha merecido convertirse en una noticia más que destaca la gravedad de nuestra crisis de inseguridad. Sin embargo, de ahí no pasa. La indiferencia ciudadana es la que alimenta la indiferencia gubernamental. ¿A usted qué le parece?