Avala EU ley que permite detener a migrantes por delitos menores
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una ley que refuerza las facultades de las autoridades migratorias para detener a migrantes indocumentados que cometan delitos menores, como robos en supermercados o tiendas. Esta legislación, conocida como la ley Laken Riley, se perfila como la primera normativa que firmará el presidente Donald Trump en su segundo mandato.
Con 262 votos a favor y 156 en contra, la iniciativa contó con el apoyo de toda la bancada republicana y de 46 legisladores demócratas. Previamente, el proyecto fue avalado en el Senado con 64 votos a favor, incluidos 12 de senadores demócratas.
La legislación lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en Georgia en 2024 por José Ibarra, un migrante venezolano condenado por este crimen.
Entre sus principales disposiciones, la ley permite que migrantes indocumentados detenidos por delitos menores sean puestos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Además, otorga a los fiscales generales de los estados el poder de intervenir en las políticas migratorias del Gobierno federal, incluyendo la posibilidad de presionar al Departamento de Estado para negar visas a ciudadanos de países que no acepten deportaciones desde Estados Unidos.
Activistas y expertos en derecho migratorio han señalado que la ley podría violar el debido proceso y facilitar deportaciones masivas, uno de los principales objetivos del nuevo gobierno de Trump.
¿Cuál será el gasto por la migración?Medios estadounidenses estiman que la implementación de esta normativa requeriría un gasto adicional de más de 3,000 millones de dólares, así como la expansión de la capacidad de detención migratoria a más de 60,000 camas.
La ley Laken Riley refleja el enfoque más duro que la administración Trump planea implementar en temas migratorios. Su aprobación también muestra un respaldo bipartidista limitado, que podría influir en futuras decisiones legislativas sobre inmigración.
En regiones fronterizas como Sonora, se teme un aumento en las deportaciones y mayores tensiones migratorias. Organizaciones locales han pedido al Gobierno mexicano fortalecer los programas de apoyo para los repatriados y coordinar esfuerzos con los consulados en Estados Unidos para proteger los derechos de los migrantes.